Josep Lobera dirige actualmente la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) en el Gobierno de España. Sociólogo e ingeniero de formación, ha trabajado durante años
en el ámbito académico y también dentro de la administración pública, donde fue director de gabinete de la ministra de Ciencia.
Su trayectoria combina experiencia investigadora, gestión institucional y participación directa en algunos de los procesos más complejos de toma de decisiones recientes, como el asesoramiento científico durante la pandemia.
Cuando se le pide definir en una sola palabra qué hace la ONAC, responde sin dudarlo demasiado: “Conectar”. Después amplía la idea y aparece una de las imágenes que atraviesa toda la conversación. Para Lobera, el asesoramiento científico existe para reducir una situación “trágica” que, paradójicamente, nadie desea. Los responsables públicos quieren tomar mejores decisiones y la comunidad científica quiere que el conocimiento sea útil socialmente. Sin embargo, ambos mundos siguen funcionando muchas veces como espacios desconectados.
Desde su creación, la ONAC trabaja precisamente sobre esa distancia. Su objetivo es facilitar que la evidencia científica pueda formar parte de los procesos de decisión pública de manera más efectiva, estable y estructural.
En una frase, ¿cómo definiría la función de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico?
En una palabra sería “conectar”. Existe un vacío entre la comunidad científica y la toma de decisiones que es, en cierto modo, trágico. Lo es porque nadie quiere que exista. Los responsables públicos quieren disponer de la mejor información posible para tomar decisiones y la comunidad científica quiere que su trabajo sea útil para la sociedad. La oficina ayuda precisamente a reducir esa distancia. A que esas situaciones en las que las
decisiones públicas no tienen acceso a conocimiento científico relevante ocurran cada vez menos.
¿Cómo surge la idea de una oficina de estas características?
La primera noticia que tuve fue en agosto de 2022. Tanto la ministra de Ciencia como Diego Rubio, desde la Oficina Nacional de Prospectiva, me trasladaron que el presidente del Gobierno quería impulsar un sistema de asesoramiento científico y que preparara una propuesta.
A partir de ahí comenzamos un proceso de trabajo bastante amplio. Se incorporó esta idea dentro del Plan Nacional de Transferencia de Conocimiento, se reservaron recursos en los
presupuestos y se abrió una fase de consulta con expertos nacionales e internacionales.
Finalmente se optó por un modelo basado en una oficina transversal en Moncloa, coordinada con figuras de asesoramiento científico dentro de los distintos ministerios. Ese fue el germen del sistema actual.
Aunque el asesoramiento científico institucionalizado sea relativamente reciente en España, la relación entre ciencia y política ya existía antes. ¿Qué era lo que faltaba?
Nosotros construimos sobre cosas que ya existían y sobre personas que llevaban muchos años trabajando en esto. La oficina no sustituye nada, sino que refuerza y amplía mecanismos que ya estaban funcionando parcialmente.
Lo que faltaba eran canales más estables, sistemáticos y bidireccionales. Porque la conexión no debe ir solo desde la comunidad científica hacia quienes toman decisiones, sino también al revés. Muchas veces los responsables públicos tienen preguntas importantes, pero no saben cómo formularlas científicamente o desconocen que existe conocimiento disponible para responderlas.
Además, hay un problema evidente de lenguaje y de formatos. La cultura de comunicación científica no está pensada para los tiempos, los formatos ni las necesidades de la toma de decisiones públicas. La información tiene que llegar en el momento adecuado y en un formato útil. Y eso requiere estructuras específicas de intermediación.
Ha utilizado en varias ocasiones la idea del “knowledge broker” ¿Cómo explicaría esa figura?
Me gusta utilizar la metáfora del neurotransmisor. Son dos neuronas que tienen información, pero para que puedan comunicarse hace falta un elemento pequeño, casi invisible, pero
fundamental. Ese es el papel del knowledge broker.
La comunidad científica y la administración pública manejan tiempos, lenguajes y lógicas institucionales muy diferentes. El asesoramiento científico funciona como ese mecanismo que permite traducir, conectar y hacer circular información entre ambos espacios.
Usted ha trabajado como investigador, como director de gabinete y también como asesor científico durante la pandemia. ¿Cómo influyeron esas experiencias en su forma de entender el asesoramiento científico?
Muchísimo. Mi visión está completamente atravesada por esas tres experiencias.
Por un lado, haber sido investigador durante años me permite entender cómo piensa la comunidad científica y cuáles son sus incentivos y formas de trabajo.
Por otro, haber trabajado dentro de un gabinete ministerial me enseñó cómo funciona realmente la toma de decisiones políticas, los tiempos que maneja y la forma en que se procesa la información dentro de la administración.
Y finalmente la pandemia fue una experiencia muy intensa. Participé en el grupo de expertos para la campaña de vacunación frente a la COVID y ahí comprendí hasta qué punto el asesoramiento científico en contextos reales es mucho más complejo que la discusión académica o de laboratorio.
¿Cuál considera que ha sido el principal logro de la ONAC hasta ahora?
Creo que hay tres tipos de logros.
El primero es institucional. Se han creado estructuras que antes no existían. Hoy existen perfiles de asesoramiento científico dentro de los gabinetes ministeriales, una oficina específica en Moncloa y mecanismos formales de relación con la comunidad científica
aprobados institucionalmente.
El segundo tiene que ver con lo operativo. Ya hay leyes, reales decretos y decisiones públicas que han incorporado evidencia científica de manera estructurada gracias a este sistema.
Y el tercero es cultural. Poco a poco empieza a consolidarse dentro de la administración una mayor comprensión de lo que significa el asesoramiento científico y de por qué puede ser útil.
¿Cuál diría que es actualmente el principal reto?
El gran reto sigue siendo cultural. Conseguir que exista una comprensión compartida de qué significa realmente el asesoramiento científico.
Y eso requiere tiempo. Todos los países que han desarrollado estos sistemas han necesitado décadas para consolidarlos. No es solo una cuestión organizativa o técnica, sino también cultural e institucional.
¿Qué anécdota refleja las dificultades con las que se encuentra la oficina?
Recuerdo que, cuando estábamos diseñando el sistema, hubo algunos ministerios que inicialmente no entendían muy bien para qué podía servir esto. Existía cierta sensación de incomodidad, como si el asesoramiento científico pudiera cuestionar el conocimiento interno que ya existía dentro de la administración.
Pero fue muy interesante observar cómo esa percepción cambiaba cuando comprobaban que no se trataba de sustituir capacidades existentes, sino de abrir acceso a redes de conocimiento mucho más amplias. En algunos casos, una vez entendido eso, el trabajo de las asesoras científicas empezó a crecer muchísimo.
¿Qué habilidades considera fundamentales en un asesor o asesora científica?
La capacidad de traducir entre culturas distintas. Porque el trabajo no consiste solo en conocer evidencia científica, sino en entender cómo funcionan los procesos de decisión pública.
Eso implica capacidad de síntesis, anticipación y comprensión institucional. Muchas veces un buen asesor científico debe identificar preguntas relevantes incluso antes de que el propio responsable político sea plenamente consciente de ellas.
¿Cree que estos sistemas deberían extenderse también a otros niveles administrativos?
Sin duda. Creo que cada vez existe más conciencia de la necesidad de incorporar sistemas de asesoramiento científico en todos los niveles de la administración pública, incluyendo gobiernos autonómicos y ayuntamientos.
Pero incluso más allá. También las empresas y otras organizaciones necesitan perfiles capaces de conectar conocimiento científico actualizado con procesos estratégicos de
decisión.
Después de toda esta experiencia, ¿es hoy más optimista o más escéptico respecto a la capacidad de la ciencia para transformar la política?
Más optimista.
Lo que me ha hecho ser optimista es entender mejor cómo funciona realmente la toma de decisiones públicas. Los responsables políticos quieren que las medidas funcionen bien.
Quieren tomar buenas decisiones.
Otra cosa es que la ciencia no sea el único elemento que interviene en una política pública.
Existen valores, tensiones presupuestarias, marcos legales y también desacuerdos dentro de la propia comunidad científica.
A veces desde la academia existe la tentación de pensar que la ciencia debería dictar automáticamente la política pública. Pero gobernar implica integrar muchos elementos distintos. Y precisamente por eso el asesoramiento científico es tan importante. Porque permite que la evidencia forme parte de esa conversación compleja de una manera más útil, más estructurada y más honesta.
Para terminar, ¿qué mensaje le daría a quienes trabajan para impulsar el uso de evidencia científica en nuestro país?
Que su trabajo va a ser cada vez más necesario, cada vez más valorado y cada vez más conectado con otros espacios y personas.
Vivimos en un mundo cada vez más rápido e imprevisible y eso hace que la necesidad de incorporar conocimiento científico a la toma de decisiones sea cada vez mayor.