Entre los movimientos propuestos, quizás el más llamativo sea la creación de una oficina científica en el Congreso de los diputados. Esta idea no es nueva. Surge a semejanza de las oficinas que operan en otros países europeos y, muy especialmente, en el propio Parlamento Europeo a través de su EPRS (European Parliament Research Service). En España, iniciativas como Ciencia en el Parlamento están siendo las encargadas de dar fuerza y forma a esta idea, todavía en estado embrionario. En una reciente columna en El País, Pablo Simón argumentaba las bondades que una oficina de este tipo ofrecería para el Parlamento, al dotar de mayor poder y contenido a las iniciativas que partiesen desde el poder legislativo.

La propuesta es esperanzadora. Se plantea que esta oficina recopile evidencia empírica relativa a todas las áreas de conocimiento, que contacte con expertos o que llegue a servir de mecanismo consultivo en materia de políticas públicas para aquellos partidos políticos que no tuvieran el conocimiento técnico necesario. Es decir, podríamos hablar de una verdadera oficina de transferencia de conocimiento. Personalmente, y puestos a sugerir, una oficina de este tipo debería aspirar en el medio plazo a disponer de una dotación presupuestaria propia y fuera del ciclo político para así poder llevar a cabo sus propias evaluaciones, elaborar sus propias bases de datos y contratar a su propio personal. La plasmación de evidencias empíricas en políticas públicas requiere de su tiempo, adaptación y recursos. Seguramente tendríamos que hablar de las funciones y el mandato de una oficina de este tipo.