Alma Cristal Hernández Mondragón es profesora en el Cinvestav, en Ciudad de México, y una de las voces más reconocidas en el ámbito del asesoramiento científico para la política en México. Hace catorce años dejó el laboratorio para comprender cómo se toman las decisiones públicas y qué lugar ocupa, o debería ocupar, la evidencia científica en ese proceso.
Desde entonces, su trabajo se ha centrado en investigar y practicar formas de tender puentes entre el conocimiento científico y la acción gubernamental, con la convicción de que la ciencia no transforma la realidad por sí sola, sino cuando logra incorporarse a los espacios donde se decide. “Soy una científica especializada en tender puentes entre la evidencia y las decisiones públicas”, responde cuando se le pide que se defina en pocas palabras.
¿Qué le motivó, como científica, a combinar la actividad de laboratorio con el trabajo de asesoría política y pública?
Desde muy pequeña vi cómo el acceso o la falta de acceso a medicamentos podía cambiar la vida de una persona y de una familia, y por eso decidí estudiar química, porque quería contribuir a desarrollar mejores tratamientos. Con el tiempo, ya en la universidad, me di cuenta de que muchas veces el cuello de botella no está en la ausencia de medicamentos, sino en cómo se deciden, regulan e implementan las políticas que permiten que la gente los
reciba. Ahí entendí que lo mismo ocurría con el conocimiento. Después de pensarlo mucho, decidí dar el salto. Me interesó investigar dónde, cómo y por qué los resultados de la ciencia llegan a las personas o se quedan en el artículo científico.
¿Hubo algún momento decisivo que le llevara a convencerse de que la ciencia debía desempeñar un papel activo en la formulación de políticas en México?
Sí. Hubo un momento muy claro durante la maestría. Empecé a hacerme preguntas sobre por qué las cosas en el laboratorio funcionaban como funcionaban, por qué tardaban tanto los insumos, por qué había tantas limitaciones o por qué no había mayor presupuesto.
Cuando se lo planteaba a mis profesores, la respuesta solía ser algo como “no sé, Alma, a los políticos no les interesa la ciencia, ni siquiera la entienden”. Yo insistía en preguntar qué podíamos hacer desde la comunidad científica, y la respuesta era “no sé, no tengo tiempo para perder en eso, tengo mucho trabajo en el laboratorio”. Ahí entendí que casi nadie estaba mirando el nivel de decisiones sobre la ciencia, y que yo debería trabajar un poco en
eso.
Desde su experiencia tanto en la Cámara de Diputados como en el ejecutivo local, ¿En qué medida considera que están presentes los mecanismos de evidencia científica en la elaboración de leyes y políticas públicas en México? ¿Qué obstáculos ha identificado en ese proceso?
Usualmente hay información científica presente, pero no necesariamente en forma de evidencia, es decir, en un formato comprensible y potencialmente utilizable para la política.
Desde la academia no acabamos de entender que no basta con publicar y, en el mejor de los casos, mandar artículos al Congreso o al Ejecutivo y esperar que la política los use por arte de magia.
Por otro lado, los mecanismos para proveer evidencia científica existen, pero suelen estar vinculados a personas clave más que a estructuras estables. Entre los principales obstáculos veo la desalineación entre los tiempos políticos y los tiempos científicos, la alta rotación de equipos, las capacidades limitadas para hacer síntesis de evidencia y evaluar políticas, y la tentación de usar la ciencia solo como legitimación de decisiones ya tomadas, en lugar de como un insumo real para la discusión previa a la toma de decisiones.
A lo largo de su trayectoria, ¿qué lecciones ha aprendido sobre la resistencia que a veces encuentran quienes intentan introducir evidencia científica en procesos legislativos o administrativos?
He aprendido que la resistencia rara vez es un rechazo explícito a la ciencia. Suele tener que ver con riesgos políticos, costos administrativos, presiones de tiempo o intereses en juego. La evidencia tiene más posibilidades de ser utilizada cuando se presenta como un menú de opciones en lenguaje operativo, cuando se co-diseña con quienes van a implementar acciones y cuando existe una relación de confianza construida a lo largo del tiempo, no solo a partir de un documento aislado.
También he aprendido que, en este trabajo, hay que intentar muchas veces para avanzar un poco. Que no todas las batallas valen la pena, y que es importante concentrar energía en procesos y actores donde existe, al menos, una posibilidad real de cambio. Si aun así no sale, por lo menos no te desgastaste peleando con personas que desde el principio no creían en la importancia de este tipo de trabajo.
Si contara con recursos, autonomía e influencia ilimitadas, ¿qué reforma institucional impulsaría para consolidar la evidencia científica como fundamento permanente de la formulación de políticas públicas en México?
El primer paso sería crear una serie de programas académicos y prácticos inmersivos de formación que permitan profesionalizar el campo desde el inicio y construir una masa crítica de personas con bases sólidas. Esto tendría que ir acompañado de reformas a la política científica, por ejemplo en materia de formación de recursos humanos y de evaluación del trabajo científico, porque no todo debe ser cuantitativo. Estoy convencida de que la ciencia
para la política y la política para la ciencia no pueden pensarse por separado, sino de manera conjunta.
Si además contara con los recursos humanos y materiales, así como con la influencia y la autonomía necesarias, impulsaría un sistema nacional de asesoramiento científico con mandato legal, independencia técnica y continuidad transexenal, articulado con unidades de evidencia en secretarías estratégicas y con mecanismos específicos para el Congreso y el Poder Judicial. Todo ello debería construirse de la mano de universidades, centros de
investigación y otros actores, como parte de un ecosistema, en el sentido en que lo describe la Comisión Europea. En cualquier caso, estos sistemas requerirían reglas claras de transparencia, gestión de conflictos de interés y trazabilidad del uso de la evidencia, de
modo que el modelo pudiera adaptarse a otros países respetando sus contextos institucionales.
¿Qué áreas de política pública considera que requieren con mayor urgencia un enfoque sistemático de asesoramiento científico en el México actual?
La inseguridad es, sin duda, uno de los grandes temas con los que vivimos a diario en México. La evidencia necesaria en este caso proviene en gran medida de las ciencias sociales, lo que también ayuda a recordar que la evidencia no es exclusiva de las ciencias naturales.
Además, son prioritarios el agua y la adaptación al cambio climático, la salud pública y los sistemas de salud, incluida la salud mental, y la educación, especialmente en la primera infancia, pensando en las trayectorias vitales que se ven afectadas por la inseguridad. De manera transversal, incorporaría la equidad territorial y social, porque incluso las políticas informadas en evidencia pueden reproducir desigualdades si no consideran los contextos específicos, sobre todo en comunidades rurales e indígenas.
En su opinión, ¿qué condiciones son esenciales para que un programa de asesoramiento científico funcione de manera sostenida y con impacto real?
Se requiere un mandato claro, respaldo político de alto nivel, presupuesto estable y reglas que sobrevivan a los cambios de administración. Además, capacidad técnica para producir
síntesis oportunas y útiles, mecanismos formales de interacción entre gobierno, academia y otros actores, y sistemas de seguimiento y evaluación que permitan aprender de lo que funciona y de lo que no.
¿Qué perfil, habilidades o sensibilidad considera indispensables en una persona o en un equipo que aspire a ser un puente sólido entre ciencia y política?
Primero, ser conscientes de que somos ciudadanos como todos los demás. Se necesita humildad y aprender a dejar el ego fuera de la sala. Hace falta rigor científico, pero también comprensión de los procesos y tiempos gubernamentales, capacidad de síntesis,
comunicación clara y escucha activa. Son esenciales la negociación, el trabajo interdisciplinario y con múltiples actores, y una ética profesional sólida para manejar la incertidumbre y los conflictos de interés, y para poder decir “no sabemos” cuando es necesario.
También ayuda mucho la capacidad de moverse y mimetizarse en entornos muy distintos, tener temas de conversación más allá de lo estrictamente científico y construir confianza a partir de interacciones cotidianas. Y además ayuda algo de sentido del humor y buenas anécdotas que compartir.
Para terminar, en ocasiones se advierte sobre la posibilidad de “politizar la ciencia” o de que la ciencia se utilice de manera instrumental en procesos políticos. ¿Qué precauciones cree que deben tenerse en cuenta para asegurar que la relación entre ciencia y política fortalezca, y no debilite la confianza pública?
Lo primero es asumir y comunicar que la evidencia informa, pero no sustituye la deliberación democrática ni la definición de valores de las personas electas para ello. La confianza pública se fortalece cuando se explica con claridad qué parte de una decisión se basó en evidencia y qué parte responde a prioridades y valores políticos. También hay que reconocer que, incluso cuando una política está bien informada por evidencia, puede beneficiar a algunas personas y afectar a otras. La ciencia es política en el sentido de que está implicada en decisiones colectivas, pero no debe ser partidista.
Compartir esto abiertamente con el público es clave, porque necesitamos su respaldo para que estos procesos sean legítimos y sostenibles.