Las reformas para que nuestras instituciones se acomoden a este nuevo sistema político aún no se han abordado. A mi juicio, de las muchas pendientes, hay una fundamental: reforzar los poderes del Parlamento. En los sistemas políticos continentales, donde la fragmentación política es la regla, los legislativos tienen una gran capacidad de influencia en políticas públicas. Las comisiones son muy técnicas y con mucha autonomía, el Ejecutivo tiene poca capacidad de veto en sus iniciativas y los diputados son bastante autónomos en sus funciones.
Este dista de ser nuestro caso y una vía práctica para avanzar en este sentido es conseguir un Congreso mejor asesorado. La Oficina Presupuestaria del Congreso o la reciente Oficina Científica podrían ser embriones, pero necesitan muchos más medios y desarrollo. Lo imperativo sería crear una oficina integral e independiente al servicio de la cámara con economistas, sociólogos, ingenieros, científicos o juristas que dieran una buena asesoría a los grupos parlamentarios. Algo que, por cierto, debería extenderse a nuestras asambleas autonómicas.